El proyecto para la construcción de la torre/hotel en el Dique de Levante del Puerto de Málaga dio esta semana un nuevo paso con la aprobación por la vía rápida de la Evaluación Ambiental Estratégica por parte de la delegación de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. Era previsible por sentido común, por ajustarse a derecho y, sobre todo, por resguardar las mismas garantías que un procedimiento más extenso. Así, el proyecto sigue adelante -aún quedan dos años de gestiones- y no encalla en una tramitación larga que lo habría dilatado innecesariamente y por capricho.
La construcción de esta torre de 135 metros es sin duda un proyecto singular y, por sus características, genera curiosidad y debate entre los ciudadanos. Institucionalmente, es quizá la idea que ha concitado mayor consenso de los últimos años, ya que recibe el apoyo del Ayuntamiento de Málaga, la Autoridad Portuaria y la Junta de Andalucía, así como del Partido Popular y Ciudadanos -ambos con mayoría en el gobierno municipal- y del PSOE, aunque en este caso han surgido algunas discrepancias internas. Además, la Confederación de Empresarios de Málaga, a través de su presidente, Javier González de Lara, ha expresado su apoyo, así como otras entidades privadas de la sociedad civil. Teniendo en cuenta ejemplos como el Metro, esta confluencia parece excepcional. Como es lógico, una torre de 135 metros también tiene sus detractores -lo extraño hubiera sido lo contrario-, como Ecologistas en Acción, los partidos de izquierda de Málaga para la Gente y, seguro, algunos ciudadanos de a pie.
Es absolutamente respetable y hasta positivo que haya personas que expresen su oposición y que utilicen los cauces administrativos para manifestar su rechazo, siempre que se ajusten a las normas y no con tretas y empecinamientos que han llegado a ser ridículas y cómicas. Ha pasado siempre, en infinidad de proyectos, como el Kursaal de Moneo en San Sebastián, el Guggenheim en Bilbao, la Torre Agbar de Barcelona, la torre Pelli de Sevilla o la recurrente Torre Eiffel, en los que un sector de la población, nostálgico de otros tiempos, ilustrado o no, se mostró ferozmente en contra.
Seguridad jurídica y sentido común
La clave de todo esto está en la seguridad jurídica y el sentido común. Ese proyecto se está realizando en base a unas condiciones de libre concurso, sobre una parcela pública en la que se decidió democráticamente construir un hotel por el procedimiento de la concesión (igual que se hace con los chiringuitos) y con unos requisitos rigurosos, estrictos y transparentes en los que participan las administraciones local, autonómica y nacional. Y estas reglas se deben hacer cumplir, pero también se han de hacer respetar.
Lo importante es cuidar que todo el proceso se ajuste escrupulosamente a derecho, que los promotores respondan a todas las exigencias en tiempo y forma, que no se especule en el futuro con los derechos de la concesión y que este proyecto sirva para estimular y mejorar una ciudad de Málaga que vive un momento histórico y trascendental para su futuro.
